DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE DEL TC SOBRE PRUEBA MÍNIMA QUE ACREDITE EL ACTO LESIVO EN UN PROCESO CONSTITUCIONAL

 

En reciente resolución el Tribunal Constitucional ha determinado como doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, aplicable inclusive a los procesos judiciales en los que se encuentre por definir el cumplimiento de los presupuestos procesales para admitir a trámite la demanda, el FJ Nº 6 de la Resolución recaída en el Exp. Nº 01761-2014-PA/TC LIMA a fecha 06/08/2015; “que las afectaciones a los derechos fundamentales invocadas en el marco de un proceso constitucional deberán ser contrastadas con una prueba mínima, pero suficiente, que acredite el acto lesivo”; obligación que corresponde al abogado litigante “bajo sanción”

 

6. Previamente, resulta importante señalar que las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia cuestionadas no obran en autos. Sin embargo, el Tribunal analizará la resolución judicial expedida por la Sala superior, toda vez que ha podido obtenerla de la consulta de expedientes judiciales. No obstante, antes de ingresar a dicho estudio, y a propósito de la situación descrita, el Tribunal considera pertinente recordar que las afectaciones a los derechos fundamentales invocadas en el marco de un proceso constitucional deberán ser contrastadas con una prueba mínima, pero suficiente, que acredite el acto lesivo. Es decir, si como en el caso de autos, a juicio de la recurrente las afectaciones producidas en sus derechos se originan en el contenido de distintas resoluciones judiciales, el mínimo exigido que permita al juez constitucional verificar si la invocada afectación alegada se produjo, o no, será presentar una copia de tales pronunciamientos judiciales. Si bien es cierto, el sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial permite acceder al conocimiento de algunos de sus pronunciamientos a través de un servicio público en línea, no es tarea de la jurisdicción constitucional buscar las resoluciones cuestionadas para poder otorgar una respuesta al justiciable. Por el contrario, el demandante, y en todo caso, su abogado, sí tienen la obligación de acompañar una copia de las resoluciones que cuestionan por constituir una prueba indispensable para verificar la invocada afectación. Por tanto, independientemente de que en el presente caso se haya podido revertir la omisión probatoria mencionada y se emita pronunciamiento, el Tribunal advierte de tal exigencia, sobre todo para los abogados litigantes y bajo sanción, de adjuntar las resoluciones que se busca cuestionar a través de los distintos procesos constitucionales.

 

EXP N ° 01761 2014-PA/TC LIMA NOEMI IRENE ZANCA HUAYFRJACURI   AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Lima, 06 de agosto de 2015 VISTO El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de Noemí Irene Zanca Huayhuacuri, contra la resolución de fojas 151, de fecha 6 de diciembre de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, ATENDIENDO A QUE 1. Con fecha 16 de enero del 2012, Noemí Irene Zanca Huayhuacuri interpone demanda de amparo contra el juez del Primer Juzgado Civil de Arequipa, los jueces integrantes de la Tercera Sala Civil de Arequipa, los magistrados integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, entendiéndose también contra la Municipalidad Provincial de Arequipa con citación del procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la referida municipalidad, solicitando que se declaren nulas: a) la resolución judicial de fecha 23 de julio de 2009, expedida por el Juzgado emplazado que declaró improcedente la demanda; b) la resolución de vista N.° 432-2010-3SC, de fecha 26 de mayo del 2010, expedida por la Sala Civil Superior demandada, que resolvió confirmar la resolución de primera instancia; y, c) la resolución recaída en la  casación N.° 4618-2010 Arequipa, de fecha 26 de setiembre de 2011 (f. 2), expedida por la Sala Suprema emplazada, que resuelve declarar la improcedencia del recurso de casación interpuesto por la actora en el proceso incoado por ésta contra la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre acción contencioso-administrativa. (Expediente N.° 01818-2008-0-0401-JR-C1-02). Señala la accionante que las resoluciones judiciales cuestionadas han aplicado indebidamente una serie de normas, por lo que no se encuentran arregladas a Derecho, lo que viene vulnerando su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. 2. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante resolución de fecha 24 de enero de 2012 (f. 15), declaró improcedente la demanda argumentando que lo que en puridad pretende la actora es una nueva revisión y valoración de los hechos expuestos en el proceso contencioso administrativo signado en el Expediente N.° 2008-1818, lo cual no resulta procedente en la vía del amparo, en vista que no es posible convertir las acciones de garantía en una suprainstancia revisora de los fallos judiciales, por lo que al existir una vía igualmente satisfactoria, la demanda deviene en improcedente. 3. A su turno, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirma la apelada agregando que la resolución de controversias surgidas de la interpretación y aplicación de la ley es competencia del juez ordinario. Además, señala que la demandante tampoco ha acreditado que con las resoluciones emitidas en primera y segunda instancia se haya vulnerado en forma fehaciente el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, para que se proceda a la revisión en la jurisdicción constitucional. 4. Este Tribunal tiene a bien reiterar que si bien a través del amparo se puede examinar la presunta inconstitucionalidad de una resolución judicial, dicho proceso no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, ni puede ser empleado como un medio impugnatorio a fin de lograr extender el debate en sede constitucional de lo ya decidido por la judicatura. La determinación y valoración de los elementos de hecho, así como la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales, son asuntos completamente ajenos a la justicia constitucional. Por tanto, el Tribunal insiste en recordar que el amparo contra resoluciones judiciales requiere, como presupuesto procesal indispensable, la constatación de un agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente protegido. 5. Como ya se estableció, la recurrente pretende que se deje sin efecto la resolución de fecha 23 de junio de 2009, a través de la cual el Primer Juzgado Civil de Arequipa declaró improcedente la demanda sobre acción contenciosa-administrativa, y su confirmatoria, la resolución de vista de fecha 26 de mayo de 2010; así como la resolución recaída en la casación N.° 4618-2010 Arequipa, de fecha 26 de setiembre de 2011, que resolvió declarar la improcedencia de dicho recurso, alegando la afectación de su derecho constitucional a la tutela procesal efectiva, el acceso a la justicia y al debido proceso. 6. Previamente, resulta importante señalar que las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia cuestionadas no obran en autos. Sin embargo, el Tribunal analizará la resolución judicial expedida por la Sala superior, toda vez que ha podido obtenerla de la consulta de expedientes judiciales. No obstante, antes de ingresar a dicho estudio, y a propósito de la situación descrita, el Tribunal considera pertinente recordar que las afectaciones a los derechos fundamentales invocadas en el marco de un proceso constitucional deberán ser contrastadas con una prueba mínima, pero suficiente, que acredite el acto lesivo. Es decir, si como en el caso de autos, a juicio de la recurrente las afectaciones producidas en sus derechos se originan en el contenido de distintas resoluciones judiciales, el mínimo exigido que permita al juez constitucional verificar si la invocada afectación alegada se produjo, o no, será presentar una copia de tales pronunciamientos judiciales. Si bien es cierto, el sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial permite acceder al conocimiento de algunos de sus pronunciamientos a través de un servicio público en línea, no es tarea de la jurisdicción constitucional buscar las resoluciones cuestionadas para poder otorgar una respuesta al justiciable. Por el contrario, el demandante, y en todo caso, su abogado, sí tienen la obligación de acompañar una copia de las resoluciones que cuestionan por constituir una prueba indispensable para verificar la invocada afectación. Por tanto, independientemente de que en el presente caso se haya podido revertir la omisión probatoria mencionada y se emita pronunciamiento, el Tribunal advierte de tal exigencia, sobre todo para los abogados litigantes y bajo sanción, de adjuntar las resoluciones que se busca cuestionar a través de los distintos procesos constitucionales. 7. Se aprecia que la resolución judicial expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que de la versión de lo actuado, la Sala concluyó que la actora carecía de interés para obrar para incoar la acción judicial contencioso-administrativa, lo cual constituye una de las condiciones básicas para recurrir a la vía jurisdiccional, por cuanto la actora cesó en su centro de labores el 31 de diciembre de 2006 y para el 26 de setiembre de 2007, fecha que impugnó, había transcurrido en demasía los quince días dispuestos por ley para cuestionar decisiones en la vía administrativa, razón por la que se declaró improcedente sus pedidos de reincorporación y, por tanto, sus recursos de reconsideración y apelación, contenidos en la Resolución Gerencial N.° 542-2007-MPA/GGM, Resolución Gerencial N.° 667-2007-MPA/GGM y Resolución de Alcaldía N.° 149. 8. En lo que respecta a la ejecutoria suprema cuestionada, se advierte que dicha resolución también se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que se precisa que el recurso de casación interpuesto no cumple con los requisitos de fondo exigidos por el artículo 388° del Código Procesal Civil, incisos 2 y 3; que no se ha señalado de manera concreta cuál era el vicio procesal del cual adolecería la sentencia recurrida y cuál era la norma procesal infringida. 9. Por tanto, se observa que lo que realmente cuestiona la accionante es el criterio jurisdiccional de los jueces demandados, asunto que no es de competencia constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la violación de derechos constitucionales, lo que, no ha ocurrido en el presente caso; por lo que, al margen de que tales fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen justificación suficiente que respalda la decisión jurisdiccional adoptada, no procediendo su revisión a través del proceso de amparo. 10 En consecuencia, ni los hechos ni la pretensión de la demanda inciden en el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados por la recurrente, por lo que resulta de aplicación al caso el inciso I) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú RESUELVE con el voto singular del magistrado Blume Fortini, que se agrega, 1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 2. Llamar la atención al abogado Ygnacio Mamani Ramírez, que autorizó el escrito de demanda, por haber incumplido los deberes propios del ejercicio profesional. 3. Declarar a partir de la fecha, que el fundamento 6 de la presente resolución constituye doctrina jurisprudencial vinculante para todos los jueces y tribunales del país, de conformidad con el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, debiendo aplicarse inclusive a los procesos judiciales en los que se encuentre por definir el cumplimiento de los presupuestos procesales para admitir a trámite la demanda. Publíquese y notifiquese.

 

19 de septiembre de 2015