PRECEDENTE DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA SOBRE COMPETENCIA DE LAS SALAS SUPERIORES EN LOS PROCESOS DE ACCIÓN POPULAR

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en la SENTENCIA A.P. N° 10286 – 2013 – LIMA publicada el

27 de julio de 2015 en el Diario oficial (Pg. 52867) determinó como Precedente  de obligatorio cumplimiento las reglas señaladas en el considerando 4.2 de esta resolución respecto a la competencia de las Salas Superiores en los procesos constitucionales de acción popular, apartándose del criterio anterior:

 

4.2.1. La competencia de las Salas Superiores de la Corte Superior de Lima en los procesos de Acción Popular, se aplica por razón de la materia conforme a las normas del artículo 85 del Código Procesal Constitucional precisado en el considerando segundo de esta resolución.

 

4.2.2. Cuando las Salas Superiores adviertan que la demanda no es de su competencia, deberán remitir de oficio a la Sala Superior competente.

 

4.2.3. Las reglas de este precedente se aplican en forma inmediata al día siguiente de la publicación de la presente resolución, a los expedientes en trámite y que no se haya expedido aún sentencia.

 

Tal decisión se emitió a fin de determinar en el caso específico si la competencia correspondía, por razón de la materia, a una Sala Civil o a una Sala Laboral. Al efecto era objeto de la demanda de acción popular las normas de la Resolución Ministerial N° 0065-2010-E que autorizaba excepcionalmente y por única vez una etapa complementaria a nivel institucional en las Instituciones Educativas donde existían plazas declaradas desiertas. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema consideró que las normas referidas al acceso a la carrera magisterial, son normas del régimen laboral público y de alcance general, por lo que conforme al artículo 85 del Código Procesal Constitucional, artículo 3.1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 y artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le corresponde la competencia para conocer del presente proceso de Acción Popular a la Sala Superior Laboral de Lima.

 

 

 

PROCESO DE ACCIÓN POPULAR Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República SENTENCIA A.P. N° 10286 – 2013 LIMA   Lima, doce de mayo de dos mil quince.-   (…)     SEGUNDO: La competencia en los Procesos de Acción Popular   2.1. Conforme se ha anunciado, en general para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales resulta obligatorio e ineludible acudir a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico, el cual tiene como norma suprema la constitucional y a aquellas que integran el bloque de constitucionalidad que sirven de referentes para las demás normas legales, así el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado contempla entre las garantías del proceso el de la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional, garantizando la jurisdicción predeterminada por ley1; en igual sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos2 (norma supranacional vinculante para el Estado Peruano en virtud de su ratificación, integrando el bloque de constitucionalidad conforme al artículo 3 y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú3 que incluyen en nuestro ordenamiento constitucional los demás derechos que se fundan en la dignidad del hombre y establecen que las normas relativas a derechos que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú), en el inciso 1 del artículo 8 reconoce el derecho fundamental de toda persona a ser oída con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo antes citado, en el sentido que es un derecho fundamental que en todo proceso la causa sea determinada no solo por un Juez que sea independiente, imparcial, sino también competente, que cuando se excluye al juez competente del conocimiento de las causas se afecta el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso íntimamente vinculado al propio derecho de acceso a la justicia5, constituyendo un principio básico del debido proceso que en la determinación de sus derechos de toda persona, el ser juzgado por tribunales de justicia con arreglo a procedimientos legalmente previstos6; asimismo ha establecido que la competencia es de regulación legal, constituyendo una garantía que las personas sean juzgadas por tribunales establecidos con anterioridad por la ley: “75. El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un tribunal competente […] establecido con anterioridad a la ley”7; enfatizando que la existencia del Juez Natural y competencia deriva de la ley como norma jurídica de carácter general ceñida al bien común, y que en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular a través de leyes, la competencia de los juzgadores8, de lo que se concluye que la competencia es un derecho fundamental, y que corresponde al legislador establecer mediante ley la competencia de los órganos jurisdiccionales, significando que la competencia en los procesos judiciales y constitucionales se rige por el  principio de legalidad.   Es pertinente anotar, que igualmente la Interpretación de la norma contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene carácter vinculante en virtud de las disposiciones de interpretación de derechos fundamentales previstas en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado9, y en conformidad a lo previsto en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional10.   2.2. En igual sentido nuestro ordenamiento interno tiene establecido que la competencia de los órganos jurisdiccionales se rige por el principio de legalidad, así la Constitución Política del Estado en el artículo 138 establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes; el artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a la Ley, el artículo 6 establece que los procesos judiciales son sustanciados bajo el principio de legalidad y dentro de los límites de la normatividad que le sea aplicable, el artículo 25 establece que el Poder Judicial desarrolla las funciones jurisdiccionales que la Constitución y la ley le otorgan, y el artículo 27 establece que los órganos jurisdiccionales cumplen sus funciones con las especialidades y procedimientos que establecen la Constitución y las Leyes; concluyendo en esta parte, que la competencia de los órganos jurisdiccionales se determina conforme a lo previsto por la Constitución y las leyes.   2.3. En ese orden, para dilucidar a quién le ha sido atribuida la competencia en los procesos constitucionales de Acción Popular, se debe acudir en primer término a la norma constitucional, esto es, el antes citado artículo 138 que encarga al Poder Judicial la potestad de administrar justicia y velar por la primacía de la norma constitucional sobre todas las demás normas del ordenamiento jurídico, y de las leyes sobre las demás normas de rango inferior; y al inciso 5 del artículo 200 de la Carta Magna que establece el proceso de Acción Popular como una garantía constitucional contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general que infraccionen la Constitución y la ley.   2.4. Continuando con el análisis, en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional se establece con carácter imperativo, que los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código; así dicho código contiene normas especiales que regulan la competencia en los procesos de acción popular, estas son las contenidas en el artículo 85 del Código Procesal Constitucional, cuyo texto es el siguiente:   Artículo 85.- Competencia La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes: 1) La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local; y, 2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos.   Es importante distinguir el artículo legal citado con la o las normas contenidas en él, a las que se accede en labor interpretativa, que a decir del jurista Ricardo Guastini el dispositivo es identificable prima facie “como fuente del derecho dentro de un sistema jurídico determinado”, entendiendo por disposición “a cada enunciado que forme parte de un documento normativo, es decir, a cada enunciado del discurso de las fuentes”, y norma “a cada enunciado que constituya el sentido o significado atribuido (por alguien) a una disposición (o a un fragmento de disposición, o a una combinación de disposiciones, o a una combinación de fragmentos de disposiciones”, señalando en términos simples que la disposición es (parte de) un texto aún por interpretar y la norma es (parte de) un texto interpretado11. No siendo equivalentes dispositivo - norma, puede suceder que en una disposición o fragmento de una disposición, o combinaciones de disposiciones o de combinaciones de fragmentos de disposiciones, pueda haber más de una norma; en igual sentido la doctrina nacional anota la distinción entre artículo legal con normas, como la posibilidad de pluralidad de normas en una sola disposición legal, señalando que: “Ocurre a menudo que la norma jurídica es tomada como equivalente de un artículo legislativo, sin embargo esto es errado pues en un mismo artículo puede haber una o más normas jurídicas”12. En ese sentido para determinar y establecer cuáles y cuantas son las normas contenidas en un artículo legal, como en el caso del antes citado, se requiere acudir a la labor de interpretación.   2.5. En el artículo 85 del Código Procesal Constitucional encontramos varios elementos componentes, que derivan en supuestos complejos, resultando más de una norma de la interpretación del texto y de sus incisos en conjunto, conteniendo normas-reglas que regulan la competencia en los procesos constitucionales de Acción Popular. Pues si bien, de una primera lectura se podría arribar que la disposición legal sólo establece tres normas en relación al proceso de Acción Popular: 1) la competencia exclusiva del Poder Judicial, 2) la competencia por razón de la materia cuando la norma es de alcance regional o local, 3) la competencia de la Sala Superior de Lima en los demás casos; sin embargo, esta interpretación resulta insuficiente exigiendo acudir a otros métodos que permitan determinar todas las premisas normativas contenidas en él, señalándose que “Conviene en cada norma jurídica, establecer con claridad todos los elementos del supuesto para ver su carácter simple o complejo, antes de proceder a la verificación de la ocurrencia del supuesto en la realidad, pues en caso contrario podríamos omitir uno o más elementos y, por tanto, aplicar el Derecho erradamente” 13, entendiendo por supuestos de la disposición legal a las hipótesis formuladas y que de ocurrir en la realidad, se produce la consecuencia, esto es, el efecto previsto por el legislador; conteniendo el artículo 85 más de un supuesto y consecuencia que componen varias normas en relación a la competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:   - En primer término encontramos la norma que otorga competencia exclusiva al Poder Judicial en los procesos de Acción Popular, norma que en uno de sus efectos excluye a otros órganos jurisdiccionales diferentes al referido Poder del Estado.   - En segundo término encontramos la norma que establece la competencia en primera instancia para conocer los Procesos de Acción Popular, atribuyéndola a las Salas Superiores Especializadas o Mixtas, pues si bien el artículo citado no precisa a qué Salas Superiores se refiere, ello se desprende prima facie de una interpretación sistemática con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del cual resulta que las Cortes Superiores del Perú a nivel de órganos colegiados de Salas sólo cuenta con Salas Superiores que gozan de Especialidad o son Mixtas14, de lo que se infiere, que cuando la norma se refiere a Salas de las Cortes Superiores, indudablemente se está refiriendo a las Salas Superiores Especializadas o Mixtas (es pertinente anotar que con el Nuevo Código Procesal Penal las Cortes Superiores también cuentan con otros órganos colegiados que no se denominan Salas sino Colegiados de Juzgamiento).   - En tercer término y vinculada a la norma anterior, se encuentran las normas que regulan la competencia de las Salas Especializadas y Mixtas por razón de la materia, presentándose como normas encadenadas que en definición se entiende por encadenamiento de normas cuando el contenido de una norma es el supuesto de la otra: “Suele ocurrir en el Derecho que las normas se encadenan entre sí, de manera tal que el contenido de una de ellas pasa a ser luego el supuesto (o la consecuencia) de una segunda, la que no se entiende sin aquella” (Rubio página noventa y uno). Así los incisos 1 y 2 del artículo 85 del Código Procesal Constitucional contienen normas encadenadas con un supuesto común, esto es, la competencia por razón de la materia, de las cuales se desprenden dos normas reglas: a) cuando la norma es de carácter regional o local, le corresponde la competencia por razón de la materia a la Sala Superior Especializada o Mixta del distrito judicial al que pertenece el órgano emisor, b) en los demás casos diferentes al primer supuesto, la competencia por razón de la materia es atribuida a la Sala Superior Especializada de la Corte Superior de Lima (cabe anotar que la Corte Superior de Lima no cuenta con Salas Mixtas, siendo todas especializadas), concluyendo que en los procesos de acción popular también se aplica la competencia por razón de la materia en las Salas Superiores Especializadas de la Corte Superior de Lima.   2.6. Reafirman las dos reglas de competencia por razón de la materia, la Exposición de Motivos del Anteproyecto del Código Procesal Constitucional de octubre de dos mi tres, y la Exposición de Motivos del Proyecto del Código Procesal Constitucional, Proyecto de Ley N° 09371 de diciembre de dos mil tres, coincidiendo en que, el Título VII que contiene las normas específicas al proceso de acción popular, en el artículo 85 dispone la competencia de la Sala correspondiente por razón de la materia “de la Corte Superior del distrito judicial al que pertenece el órgano emisor en los casos en que las disposiciones objeto del proceso hayan sido emitidas por entidades de carácter local o regional, siendo competente la Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima tratándose de disposiciones emitidas por otras entidades”15.   2.7. La doctrina también anota que la regla general de competencia en este tipo de procesos es la determinada por razón de la materia tanto para Salas Superiores Especializadas o Mixtas de Provincia, como para Salas Superiores Especializadas de la Corte de Lima, sosteniendo que: “La frase del artículo comentado que nos dice “la sala correspondiente por razón de la materia”, el profesor Ortecho Villena nos lo explica sosteniendo que si la norma inconstitucional o ilegal es de la materia civil, será de conocimiento de la sala civil, y si la norma administrativa inconstitucional o ilegal es de materia penal, será de conocimiento de la sala penal16”.   2.8. Es importante señalar que la interpretación acogida no se contrapone con la competencia prevista para las Salas Civiles en otras normas de aplicación en los procesos constitucionales, como es el caso de las contenidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que por cierto ha sufrido derogatorias de tres de sus seis incisos en razón de los cambios normativos en los procesos judiciales, disminuyendo el ámbito de competencia que tenían originalmente), que establecen en los incisos 1 y 6 que las Salas Civiles conocen en apelación de los asuntos de su competencia, y en los demás procesos que establece la ley, esto es, conforme a la competencia en primera instancia por razón de la materia establecida en el artículo 85 del Código Procesal Constitucional.   2.9. Es de mencionar que la corriente legislativa actual es determinar la competencia en este tipo de proceso en razón de la materia y la especialidad, así en leyes más recientes como la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 en su artículo 3.1 establece la competencia por materia de las Salas Laborales Superiores en los procesos de acción popular en materia laboral17; en concordancia el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe la competencia de las Salas Laborales en procesos de Acción Popular18; en la misma línea de la especialidad, el inciso 2 del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia en los procesos de acción popular para las Salas Agrarias en materia agraria19.   2.10. A lo expuesto se suma las exigencias actuales de especialización de los jueces, con mayor imperatividad en los procesos constitucionales en que “la tutela de los derechos constitucionales y de la supremacía jerárquica de la Constitución, debe ser el área mejor dotada del Derecho Procesal, es decir, es la que debe contar con los instrumentos procesales más idóneos para asegurarles eficacia y tempestividad”20 el cual para su cumplimiento requiere contar con jueces competentes y especializados que logren concretizar la vigencia, efectividad y respeto de los derechos y valores que sustentan nuestro ordenamiento constitucional, máxime si el principio de dirección del proceso previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional no se limita a un control de plazos y actuaciones, involucrando además, se brinde la respuesta jurisdiccional más idónea y cumplir los fines trascendentes del proceso constitucional con arreglo al principio consagrado en el artículo II del Título Preliminar, esto es garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.   TERCERO: Pronunciamiento sobre la resolución recurrida   3.1. En conformidad a lo desarrollado y las normas de competencia precisadas en el considerando anterior, en ese orden y atendiendo, que es objeto de la demanda de acción popular las normas de la Resolución Ministerial N° 0065-2010-E, de fecha dieciséis de marzo del dos mil diez, publicada en el diario oficial “El Peruano” el diecinueve de marzo de dos mil diez, que autorizan excepcionalmente y por única vez una etapa complementaria a nivel institucional en las Instituciones Educativas donde existen plazas declaradas desiertas; constituyendo normas referidas al acceso a la carrera magisterial, estas son normas del régimen laboral público y de alcance general, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 85 del Código Procesal Constitucional, en el artículo 3.1 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, y en el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, le corresponde la competencia para conocer del presente proceso de Acción Popular a la Sala Superior Laboral de Lima; fundamentos que conducen a revocar la sentencia apelada que declara infundada la excepción de incompetencia formulada por el Procurador Público Especializado Supranacional encargado de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, y reformándola, se declare fundada dicha excepción. 3.2. Como se tiene señalado en el considerando 1.2 y por remisión expresa normativa del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, se aplica supletoriamente lo previsto en el artículo 450 del Código Procesal Civil, en el extremo que establece de declararse fundada la excepción de incompetencia, el Juez se abstendrá de resolver las demás excepciones, es que no corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de litispendencia.   3.3. Si bien el inciso 5 del artículo 451 del Código Procesal Civil21 establece entre sus normas la que señala como efectos de declarar fundada la excepción de incompetencia es anular lo actuado y dar por concluido el proceso, sin embargo en específico dicha norma no es aplicable supletoriamente al caso de autos, pues la conclusión del proceso sin resolver la demanda constitucional no es compatible con los fines de los procesos constitucionales de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, teniendo previsto el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que la supletoriedad se encuentra condicionada a que no contradigan los fines de los procesos constitucionales22.   Atendiendo que declarar la improcedencia de la demanda y el archivo del proceso, resulta contrario a los principios que inspiran el proceso constitucional, estos son los principios de dirección, economía procesal (artículo III primer párrafo del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), de adecuación de formalidades procesales al logro de los fines de los procesos constitucionales (artículo III tercer párrafo), al principio de impulso de oficio que impone el deber a los jueces de impulsar de oficio los procesos, salvo las excepciones expresas (artículo III segundo párrafo), al principio favor processus prefiriendo la continuación (artículo III párrafo cuarto), es que resulta más bien favorable a los fines del proceso constitucional disponer la remisión de oficio a la Sala Superior Especializada en lo Laboral de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima.   CUARTO: Precedente vinculante   4.1. La Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, advierte que en relación a la competencia de las Salas Superiores Especializadas de la Corte Superior de Lima se vienen suscitando confusiones así como pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, no existiendo uniformidad en la aplicación de las reglas de la competencia en los procesos constitucionales de acción popular, habiendo detectado en algunos casos que la misma Sala Superior compuesta por el mismo colegiado en un caso ha desestimado y en otro ha estimado la excepción de incompetencia en razón de la materia23, además, se ha detectado que los justiciables vienen interponiendo varias demandas contra una misma disposición infralegal ante diversas Salas Superiores, ocasionando que sobre la misma conozcan Salas Superiores de diferente especialidad24, convirtiéndose en una práctica común e irregular que no se condice con los fines del proceso de acción popular en que las sentencias producen efecto erga omnes y que es necesario preservar la seguridad jurídica y la uniformidad de los pronunciamientos judiciales evitando las contradicciones, por lo que sin perjuicio de que los jueces sancionen las inconductas procesales cuando sean advertidas, resulta imperativo y necesario que este Tribunal Supremo por las consideraciones señaladas en este considerando y en los anteriores, establezca reglas a aplicar en relación a la competencia establecida por ley en los procesos de acción popular y a la remisión de oficio de las demandas.   4.2. En nuestro ordenamiento procesal constitucional se regula el establecimiento del precedente en los procesos constitucionales, que en noción señalada por la doctrina nacional el precedente se refiere “a aquel conjunto de reglas, principios y parámetros que una autoridad establece en su pronunciamiento, los cuales le vinculan para la resolución de futuros casos idénticos o similares y además, pueden generar ese mismo efecto frente a otras entidades o ante aquellos que jerárquicamente se encuentren en una relación de subordinación a dicha autoridad”25. Siendo aplicable al caso no sólo lo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que faculta a las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República a fijar principios jurisprudenciales que deben ser invocados por todas las instancias como precedentes de obligatorio cumplimiento, además especialmente el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que permite establecer precedente vinculante en las sentencias que adquieren autoridad de cosa juzgada, y si bien la norma se  refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los procesos constitucionales, ello no excluye al Poder Judicial que como uno de los tres poderes del Estado Constitucional de Derecho tiene el encargo de impartición de justicia prefiriendo la aplicación de la norma constitucional (artículo 138 de la Constitución Política del Estado), que la actividad de los órganos del poder que administran justicia interpretando, aplicando las normas, efectivizando y concretizando derechos fundamentales tienen relevancia en el derecho constitucional, señalándose que: “Tal vez el ámbito del derecho judicial sea el ejemplo más rico del funcionamiento de las normas a través de su interpretación y aplicación. Los repartos que realizan los jueces constituyen uno de los modos más eficaces de consolidar, crear, sustituir y desarrollar vigencias constitucionales”26, que el control concentrado de constitucionalidad también ha sido atribuido al Poder Judicial en los procesos constitucionales de Acción Popular previsto como acción de garantía constitucional en el numeral 5 del artículo 200 de la Constitución Política del Estado, teniendo competencia exclusiva en dichos procesos constitucionales conforme lo determina la norma del artículo 85 del código adjetivo antes citado; que al igual que el citado Tribunal en los procesos de inconstitucionalidad, las sentencias que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada vinculando a todos los poderes públicos y produciendo efectos jurídicos al día siguiente de su publicación, conforme a lo previsto en el artículo 82 del código acotado.   Conforme a lo expuesto y con carácter vinculante se establecen las siguientes reglas que constituyen precedentes vinculantes:   4.2.1. La competencia de las Salas Superiores de la Corte Superior de Lima en los procesos de Acción Popular, se aplica por razón de la materia conforme a las normas del artículo 85 del Código Procesal Constitucional precisado en el considerando segundo de esta resolución.   4.2.2. Cuando las Salas Superiores adviertan que la demanda no es de su competencia, deberán remitir de oficio a la Sala Superior competente.   4.2.3. Las reglas de este precedente se aplican en forma inmediata al día siguiente de la publicación de la presente resolución, a los expedientes en trámite y que no se haya expedido aún sentencia.   QUINTO: Apartamiento de criterio anterior   Al amparo de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal Supremo se aparta del criterio anterior como el acogido en el Expediente N° 9402-2012-Lima sobre la competencia de las Salas Superiores en los procesos de acción popular, siendo en adelante y por las razones expuestas, las señaladas en el considerando segundo de esta sentencia.   III. DECISIÓN.   Por estas consideraciones:   Primero: REVOCARON la resolución apelada resolución número trece, de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta, emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resuelve declarar infundadas las excepciones de incompetencia y litispendencia deducida por el Procurador Público recurrente, declara saneado el proceso y válida la relación jurídica procesal, e improcedente la demanda de Acción Popular contra la Resolución Ministerial N° 0065-2010-ED, de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, publicada en el diario oficial “El Peruano” el diecinueve de marzo de dos mil diez; y, REFORMÁNDOLA, se declara FUNDADA la referida excepción de incompetencia, en consecuencia, se DISPONE la REMISIÓN del expediente a la Sala Superior Especializada en lo Laboral de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que conozca en primera instancia del presente proceso.-   Segundo: ESTABLECIERON como PRECEDENTE DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO las reglas señaladas en el considerando 4.2 de esta resolución.-   Tercero: DISPUSIERON que para su debida difusión cúrsese oficio con la presente resolución a las Cortes Superiores de Justicia de la República.-   En los seguidos por doña Zoila Del Carmen Villalta Zegarra de Villalta y doña Gladys Maquer Tipo contra el Ministerio de Educación y la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, sobre Proceso de Acción Popular; ORDENARON publicar la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; conforme a ley, y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández.- SS. SIVINA HURTADO VINATEA MEDINA MORALES PARRAGUEZ RODRÍGUEZ CHÁVEZ RUEDA FERNÁNDEZ

 

28 de julio de 2015