EFECTOS DE LA VARIACIÓN JURISPRUDENCIAL VINCULANTE EN MATERIA DE BONIFICACIONES ESTATALES
EFECTOS DE LA VARIACIÓN
JURISPRUDENCIAL VINCULANTE EN MATERIA DE BONIFICACIONES ESTATALES
I.
Introducción. II. El principio de legalidad y los efectos de las sentencias
constitucionales en el tiempo. 2.1. El principio de legalidad y su importancia
en la Administración pública. 2.2. Los efectos en el tiempo de las sentencias
constitucionales. 2.3. Cuando se sustituye una jurisprudencia o un precedente
vinculante en materia de bonificaciones estatales: ¿Desde qué momento surte
efectos tal sustitución? III. Conclusiones. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN
Es conocida la importancia que ha asumido la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional -tanto de su jurisprudencia o doctrina
vinculante (Art. VI del T.P. del Código Procesal Const.) como de sus precedentes vinculantes (Art. VII del T.P. del mismo código adjetivo)- principalmente desde la vigencia del Código
Procesal Constitucional, no solo en el ámbito de los procesos constitucionales
sino también en la resolución de los procesos contencioso administrativos, que
incluso son recogidas en las casaciones de la Corte Suprema de la República.
Al respecto es oportuno mencionar que en materia de bonificaciones en
las que se reclamaba por los servidores estatales la inadecuada aplicación de
la disposición legal que las otorgaba, éstos interponían inicialmente procesos
de amparo o de cumplimiento en contra de la Administración pública, los que
eran resueltos en muchos casos en última instancia por el Tribunal
Constitucional, quien estableció doctrina jurisprudencial que después era
variada por otra o por precedentes vinculantes, lo que ha originado cierto
desconcierto entre los operadores jurídicos –principalmente en la
Administración pública- respecto a su aplicación en el tiempo. Es decir, este
nuevo criterio ¿debe aplicarse a partir de la nueva doctrina o precedente
vinculante o desde que se produjo la “inadecuada” aplicación de la disposición
legal? ¿Cuáles serían los probables efectos?
Cabe mencionar que estas mismas materias que se reclamaban –y en algunos
casos aún se reclaman- a través de los procesos constitucionales, actualmente
son interpuestas ante los juzgados competentes en materia contenciosa administrativa,
quienes usualmente aplican la jurisprudencia que al respecto expide el Tribunal
Constitucional.
En este breve trabajo planteamos el problema a partir de un caso
concreto que nos brinda una idea así como esbozamos una respuesta primigenia a
tal situación, todo ello con la finalidad de generar reflexiones acerca de la
importancia y trascendencia que en el ámbito laboral público y pensionario se
está generando y sobre todo, en el presupuesto nacional.
II. EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD Y LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES EN EL TIEMPO
2.1. El principio de
legalidad y su importancia en la Administración pública
El principio de legalidad es uno de los más importantes que rigen el
desempeño de toda la Administración pública tanto en su aspecto formal como
material; constituyéndose, además, en una garantía para los administrados y la
ciudadanía en general al establecer los límites de lo que la Administración
puede o no hacer a través de sus autoridades, funcionarios y servidores
públicos, quienes se hallan sujetos al ordenamiento jurídico, especialmente a
la Constitución, a la ley y al derecho[1].
Para el Tribunal Constitucional, el principio de legalidad “en el fondo no
es otra cosa que la concretización de la supremacía jurídica de la Constitución”[2].
De manera tal que las autoridades, funcionarios y servidores públicos deben
respetar y cumplir la Constitución, la ley y el derecho; sin embargo, debe
resaltarse que conforme lo establece la propia Constitución y la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, la Administración pública no tiene la atribución
de aplicar control difuso, la que corresponde a quienes ejercen realmente
jurisdicción en sentido estricto conforme a la Constitución, tales como, por
ejemplo, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional[3].
Desde esta perspectiva, si una ley formalmente emitida determina que a
los trabajadores del sector público que se encuentran en un determinado
supuesto de hecho les corresponde cierta bonificación, el funcionario público
encargado de su cumplimiento –que no necesariamente es abogado- debe cumplir
con tal ley no pudiendo vía interpretación determinar si debe o no cumplir con
lo ordenado legalmente en aplicación del control difuso o porque esta
bonificación no es tan beneficio como otras, por lo que no aplica ésta sino la
otra bonificación aun contra prohibición legal expresa; de hacerlo estaría
infringiendo el principio de legalidad incurriendo en responsabilidad
funcional.
2.2. Los efectos en el
tiempo de las sentencias constitucionales
Las sentencias constitucionales han de producir efectos en las personas,
pero también en el tiempo, siendo necesario efectuar algunas disgregaciones.
a. La sentencia en los
procesos constitucionales de amparo y cumplimiento
La sentencia que se expide en un proceso constitucional puede ser
considerada sencillamente como el acto procesal emitido por un órgano
jurisdiccional especializado que da término a un proceso constitucional.
En el caso del proceso de amparo la sentencia tiene como finalidad
proteger el derecho constitucional reponiendo las cosas al estado anterior a la
violación o a la amenaza de violación de tal derecho; y en el caso del proceso
de cumplimiento, la finalidad es proteger derechos constitucionales disponiendo
el cumplimiento del mandato legal o de un acto administrativo (Art. 1 del C.P.
Const.)
b. La jurisprudencia vinculante
y el precedente constitucional vinculante
Al respecto la
jurisprudencia constitucional vinculante –doctrina jurisprudencial vinculante[4]-
se encuentra regulada por el artículo VI último párrafo del Código Procesal
Constitucional concordante con la Primera Disposición
Final de la Ley Nro.
28301. De acuerdo a tales disposiciones los jueces interpretan y aplican las
leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo
tipo de procesos, bajo responsabilidad
Por otro lado, el
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional se
refiere al precedente constitucional vinculante estableciendo que las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia,
precisando el extremo de su efecto normativo; pero si el Tribunal Constitucional
resuelva apartándose del precedente, deberá expresar los fundamentos de hecho y de derecho
que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del
precedente.
En atención a lo expresado por el
Tribunal Constitucional en la STC N.º 3741-2004-AA/TC tanto la jurisprudencia
como el precedente constitucional tienen coincidentemente la característica de
su efecto vinculante, pero la primera sólo para los jueces y la segunda, para
todos; siendo el precedente una técnica para la ordenación de la
jurisprudencia, permitiendo, al mismo tiempo, que el Tribunal ejerza un poder
normativo con las restricciones que su propia jurisprudencia deberá ir
delimitando paulatinamente (STC. Nro. 01333-2006-PA/TC).
A partir de la sola
lectura de las disposiciones indicadas se aprecian diferencias entre
jurisprudencia constitucional vinculante y precedente constitucional vinculante,
fundamentalmente por sus efectos. Así, para el Tribunal Constitucional, la
jurisprudencia constitucional vinculante establece criterios uniformes
mantenidos en resoluciones del Tribunal, vinculando sólo a los jueces del Poder Judicial y las
reglas vinculantes quedan sujetas a la distinción entre obiter y ratio. Mientras
que el precedente constitucional vinculante implica el empleo del poder
normativo general del Tribunal Constitucional -obligando no solo a jueces sino
a todos-, cuyo carácter vinculante general brinda mayor predictibilidad. Entre
ambas, existen diferencias de grado. Sin embargo al no ser materia de este
trabajo profundizar sobre esta temática, no efectuaremos un análisis sobre el
particular, siendo lo señalado suficiente para nuestro objetivo.
c. Efectos en el tiempo de las sentencias
constitucionales
Tanto para la doctrina como para la
jurisprudencia las sentencias constitucionales producen efectos personales como
temporales. Los efectos personales comprenden directamente a las partes
intervinientes en el proceso como indirectamente a la ciudadanía en general,
cuando se trata especialmente de un precedente vinculante.
En cuanto a los efectos en el tiempo se
señala que pueden ser de aplicación diferida en el caso de las sentencias con vacatio setentiae; con efecto diferido en el caso de las sentencias
exhortativas y en sentencias con precedente vinculante de eficacia diferida.
Pero para nuestro estudio nos interesa aquella otra, que considera a las
sentencias por su efecto en el tiempo en retroactivas e irretroactivas, para
cuyo fin consideraremos los fundamentos expresados en la STC Nro.
0024-2003-AI/TC:
- Tratándose de sentencias expedidas en procesos de
inconstitucionalidad, cumplimiento y conflictos competenciales, en inicio,
se aplican con efectos irretroactivos; es decir, tienen alcances ex nunc.
- Por otro lado, en el caso de sentencias recaídas
en procesos de hábeas corpus, amparo y hábeas data se aplican con efectos
retroactivos; por cuanto su objeto es reponer las cosas al estado anterior
a la violación de un derecho constitucional, teniendo alcances ex tunc.
- Si se trata de sentencias expedidas en los procesos
de inconstitucionalidad, cuando se refieran a la existencia de violación
de los principios constitucionales tributarios contenidos en el artículo
74° de
En el caso específico
del precedente vinculante, de acuerdo al Tribunal Constitucional éste tiene efectos
similares al de una ley.
“Es decir, la regla general
externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una
regla preceptiva común que alcanza a todos los justiciables y que es oponible
frente a los poderes públicos (…..) En puridad, la fijación de un precedente
constitucional significa que ante la existencia de una sentencia con unos
específicos fundamentos o argumentos y una decisión en un determinado sentido,
será obligatorio resolver los futuros casos semejantes según los términos de
dicha sentencia” (STC. Nro. 0024-2003-AI/TC).
Desde tal perspectiva,
si el precedente tiene efectos similares de una ley y de acuerdo al artículo
103 de la Constitución Política del Perú la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando
favorece al reo; entonces puede concluirse que el precedente vinculante se rige
por el principio de aplicación inmediata, no teniendo fuerza ni efectos
retroactivos, sino en materia penal cuando favorece al reo y cuando se trate de
la violación de principios tributarios, conforme se desarrolló anteriormente.
2.3. Cuando se
sustituye una jurisprudencia o un precedente vinculante en materia de
bonificaciones estatales: ¿Desde qué momento surte efectos tal sustitución?
A fin de poder comprender de mejor manera el problema, plantearemos un
ejemplo: el pago de la bonificación establecida por el artículo 2 del D.U. Nº
037-94 que ha ocasionado la interposición de miles de demandas de amparo y de
cumplimiento a nivel nacional –y también en la vía contenciosa administrativa-
desde hace varios años generando la expedición de doctrina jurisprudencial y de
hasta un precedente vinculante.
El Art. 1 del D.S. Nº 019-94-PCM publicado el 30/03/1994 determina que a partir del uno de
abril de 1994 se otorga una bonificación especial a los profesionales de la
salud y docentes de la carrera del Magisterio Nacional de la Administración
Publica, así como a los trabajadores asistenciales y administrativos de los
Ministerios de Salud y Educación y sus Instituciones Públicas Descentralizadas,
Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia Social y de
los Programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales.
Posteriormente,
el 21/07/1994 se publicó el D.U. Nº 037-94 cuyo Art. 2 establece que a partir
del 1 de julio de 1994, se otorga una bonificación especial a los servidores de
la Administración Publica ubicados en
los niveles F-2, F-1, profesionales, técnicos y auxiliares, así como al
personal comprendido en la Escala N.º 11 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM que
desempeña cargos directivos o jefaturales, de conformidad con los montos
señalados en el anexo que forma parte del indicado Decreto de Urgencia. Esta
disposición en su artículo 7 establece expresamente lo siguiente:
“Artículo
7º. No están comprendidos en el presente Decreto de Urgencia:
(…)
d.
Los servidores públicos, activos y cesantes, que hayan recibido aumentos por disposición
de los Decretos Supremos Nºs. 19-94-PCM, 46 y 59-94-EF y Decreto Legislativo
559. (…)”.
En el caso concreto de
los servidores administrativos del sector Educación que se encuentran en los
grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala N.os 8 y
9 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM; como consecuencia de la vigencia del
artículo 1 del D.S. Nº 019-94-PCM se les pagó la bonificación establecida en
esta disposición. Pero meses después cuando entró en vigencia la bonificación
del artículo 2 del D.U. Nº 037-94 se les denegó el pago de esta última al
considerarse que conforme al inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 si ya
estaban percibiendo el aumento por disposición del D.S. Nº 019-94-PCM no
estaban comprendidos en el D.U. Nº 037-94.
Los servidores activos
y cesantes afectados interpusieron procesos de amparo los que finalmente eran declarados
infundados por el Tribunal Constitucional por el mismo argumento antes
señalado, cuya doctrina jurisprudencial consideraba básicamente que si ya
recibieron el aumento del D.S. Nº 019-90-PCM no estaban comprendidos en el D.U.
Nº 03794:
“7. Al respecto es importante precisar que el
literal d) del artículo 7° del Decreto de Urgencia N.° 37-94, dispone que los
servidores públicos activos y cesantes que hayan recibido aumentos por
disposición del Decreto Supremo N.° 19-94-PCM, no están comprendidos en su
ámbito de aplicación.
8. Pudiendo apreciarse de la boleta de pago presentada por el accionante a fojas 4, que
viene percibiendo, en calidad de cesante, la bonificación a que se refiere el
Decreto Supremo N.° 19-94-PCM, hecho sobre el cual no hay controversia.
(…)
10. En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el precitado dispositivo legal
como se detalla en el fundamento 7., que antecede, dado que actualmente percibe
como cesante los beneficios contenidos en el Decreto Supremo N.° 19-94-PCM,
está automáticamente excluido de la bonificación regulada por el Decreto de
Urgencia N.° 37-94”. (STC Nº 03654-2004-AA/TC).
Sin
embargo, posteriormente el Tribunal Constitucional cambió de criterio y ordenó
en la STC Nº 2616-2004-AC/TC del 12/09/2005 como precedente vinculante que los operadores
judiciales cumplan con lo dispuesto en el fundamento 14 de la misma y que tengan
en consideración que a los servidores y cesantes a quienes corresponde la
bonificación dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº.037-94 son los mencionados
en el fundamento 10 de la indicada sentencia. En esta última sentencia señala:
“En el caso de los servidores administrativos
del sector Educación, así como de otros sectores que no sean del sector Salud,
que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la
Escala N.os 8 y 9 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM, por no pertenecer a una
escala diferenciada, les corresponde que se les otorgue la bonificación
especial del Decreto de Urgencia N.º 037-94,
por ser económicamente más beneficiosa, pues la exclusión de estos
servidores conllevaría un trato discriminatorio respecto de los demás
servidores del Estado que se encuentran en el mismo nivel remunerativo y
ocupacional y que perciben la bonificación otorgada mediante el Decreto de
Urgencia Nº 037-94”.
Como podrá apreciarse el inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 era
claro cuando determinaba expresamente que los
servidores públicos, activos y cesantes, que hayan recibido aumentos por
disposición de los Decretos Supremos Nros. 19-94-PCM no estaban comprendidos en
los alcances del D.U. Nº 037-94. En el mismo sentido se pronunciaba la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional hasta cuando se publica la STC Nº
2616-2004-AC/TC que varía de criterio y determina que –a pesar de la
prohibición expresa- a los servidores administrativos del sector
Educación que se encuentren en los grupos ocupacionales de técnicos y
auxiliares de la Escala Nros. 8 y 9 del Decreto Supremo N.º 051-91-PCM “les
corresponde que se les otorgue la bonificación especial del Decreto de Urgencia
N.º 037-94, por ser económicamente más
beneficiosa”, criterio que también se aplica a los cesantes que se encuentren
en similar situación.
Aquí surgen algunos
aspectos a tener en cuenta:
·
Las autoridades y funcionarios de la
Administración pública en aplicación del principio de legalidad procedieron
a otorgar a partir del 1 uno de abril de 1994 la bonificación especial del D.S. Nº 019-94-PCM publicado el
30/03/1994.
·
Las mismas autoridades y funcionarios de la
Administración pública en aplicación del principio de legalidad procedieron a
aplicar la prohibición establecida en el inciso d)
del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 y por tanto no consideraron dentro del ámbito
de aplicación del D.U. Nº 037-94 a quienes ya percibían el aumento del D.S. Nº
019-90-PCM.
·
El Tribunal
Constitucional hasta antes de la STC Nº 2616-2004-AC/TC avaló
el accionar de las autoridades y funcionarios anteriores al aplicar el mismo
fundamento en observancia del d) del artículo 7 del
D.U. Nº 037-94.
·
El Tribunal
Constitucional en la STC Nº 2616-2004-AC/TC
cambia de criterio y en buena cuenta deroga el inciso d) del del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 y establece que les corresponde que se
les otorgue la bonificación especial del Decreto de Urgencia N.º 037-94, por
ser económicamente más beneficiosa.
Al respecto caben las siguientes interrogantes:
·
¿Podían las autoridades y
funcionarios de la Administración pública inaplicar el inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 y establecer que sí correspondía a los servidores
administrativos del sector Educación que se encuentren en los grupos
ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala Nros. 8 y 9 del Decreto
Supremo N.º 051-91-PCM; que se les otorgue la bonificación especial del Decreto
de Urgencia N.º 037-94 en lugar de la bonificación especial del D.S. Nº
019-94-PCM, por ser económicamente más beneficiosa?
Teniendo en
cuenta la fecha en que se publicaron ambas normas y el criterio que
primeramente estableció el Tribunal Constitucional sobre la materia, las
autoridades y funcionarios de la Administración pública no podían jurídicamente
inaplicar (control difuso) el inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 ya que no tenían ni tienen facultad
para ello, máxime que tales funcionarios –entre ellos jefes de personal o de
planillas- no necesariamente eran abogados. Tampoco se encontraban ni se
encuentran facultados para, discrecionalmente, establecer en estos casos si una
bonificación puede ser económicamente más beneficiosa que otra y
consecuentemente determinar cuál otorgan y cual no, ya que ello hubiera
significado incumplir la prohibición legalmente establecida, habiéndose regido
por el principio de legalidad como correspondía de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes y al criterio inicial del Tribunal Constitucional que
corroboraba la legalidad del inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94.
·
A partir de cuándo
tiene vigencia el nuevo criterio establecido en la STC
Nº 2616-2004-AC/TC: ¿Desde la vigencia del D.U. Nº 037-94 o desde la
publicación de la STC Nº 2616-2004-AC/TC?
En razón de lo anteriormente expuesto, apreciamos que si el Tribunal
Constitucional hasta antes de la
vigencia de la STC Nº 2616-2004-AC/TC consideró
con su jurisprudencia que el inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 era plenamente constitucional y legal;
y que la Administración pública aplicó la disposición vigente concordante con
la jurisprudencia del Tribunal, entonces la actuación de la Administración
estaba de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Por tanto al variarse
sustancialmente de criterio por el Tribunal Constitucional y dejarse
jurisprudencialmente de lado el inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 con la STC Nº 2616-2004-AC/TC, este
nuevo criterio sería aplicable a partir de su publicación de la sentencia que
contiene el precedente mas no desde la vigencia del D.U. Nº 037-94.
Debe agregarse que aun tratándose de un proceso de amparo que tiene por
efecto reponer las cosas al estado anterior a la violación del derecho
constitucional –cuyos efectos serían teóricamente retroactivos- el Tribunal
Constitucional a través de su jurisprudencia respaldó el criterio de la
Administración en cuanto a la legalidad del inciso d) del artículo 7 del D.U. Nº 037-94 rechazando las demandas interpuestas.
Posteriormente, de acuerdo con el nuevo criterio que deja de lado el
anterior, recién varía la situación jurídica, no pudiendo retrotraerse los
efectos del nuevo precedente a momentos en los cuales la situación jurídica era
diferente y en el que las autoridades y funcionarios solo se limitaron a
cumplir con las disposiciones legales y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Lo contrario implicaría un cuasi absurdo: sancionar a la Administración con el
pago de devengados por cumplir con el principio de legalidad y por cumplir con
la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional vigente en su momento, habida cuenta que no estamos ante un caso
en el que la Administración incumplió con una disposición legal; sino que por
el contario, sí cumplió con el texto expreso de la disposición legal, siendo
que posteriormente el Tribunal Constitucional vía interpretación dejó sin
efecto tácitamente dicha disposición legal. Tal situación se constituye en una
excepción a la vigencia de las sentencias en los procesos de amparo.
En este caso debe repararse que la STC Nº 2616-2004-AC/TC recayó en un
proceso de cumplimiento, por ende en principio los efectos son irretroactivos.
La situación mencionada resulta de importancia porque actualmente en los
procesos contenciosos administrativos –impugnación de resoluciones y
cumplimiento- sobre la materia se está disponiendo en casos similares a los
mencionados, que el pago de devengados sean determinados no desde la variación
de criterio jurisprudencial contenido en la STC Nº 2616-2004-AC/TC; sino desde
la vigencia del el 1 de julio de 1994 de acuerdo al D.U. Nº 037-94 lo que ha
creado una gran deuda a cubrir por el presupuesto nacional comprendiendo un
primer periodo desde el 1 de julio de 1994 hasta la publicación de la STC Nº
2616-2004-AC/TC en el que el propio Tribunal Constitucional consideró aplicable
el inciso d) del artículo 7 del D.U.
Nº 037-94. En todo caso, hubiera sido conveniente que el Tribunal en la misma
sentencia en la que determinó el cambio de criterio y el precedente vinculante,
hubiera señalado a partir de cuándo regía tal cambio jurisprudencial al tener
incidencia presupuestal.
Finalmente, si se tendría en cuenta solo el carácter de precedente
vinculante, por su naturaleza normativa y conforme a lo desarrollado
anteriormente, éste tendría vigencia a partir del día siguiente a su
publicación, pero no tendría efectos retroactivos aplicando concordantemente el
artículo VII del T.P. del Código Procesal Constitucional y los artículos 103 y
109 de la Constitución.
III. CONCLUSIONES
·
Como podrá observarse,
tratándose de bonificaciones para servidores en actividad y pensionistas del
sector público es importante que se analice debidamente en cada caso en
concreto los efectos que en el tiempo han de tener las sentencias a
pronunciarse en los procesos constitucionales en general y en particular las
expedidas por el Tribunal Constitucional, al comprender usualmente a un gran
número de personas; debiendo observarse también las consecuencias en el erario
nacional así como la conformidad con los principios presupuestales.
·
Es importante distinguir
si la afectación de un derecho constitucional deviene por el incumplimiento
manifiesto o la transgresión de la Administración pública de una disposición
legal que otorga una bonificación a los servidores y pensionistas estatales; o
si la Administración aplicó el texto expreso de la disposición legal vigente en
el momento, de conformidad con el propio criterio del Tribunal Constitucional,
quien posteriormente cambia de criterio y da una interpretación diferente a la
disposición legal generando una nueva norma y una nueva situación jurídica. En
este último caso consideramos que el efecto de la sentencia debe ser
irretroactivo, debiendo aplicarse el nuevo criterio a partir del día siguiente
de la publicación del nuevo criterio jurisprudencial considerado como doctrina
o como precedente vinculante.
·
Debe recordarse que las
autoridades, funcionarios y servidores públicos se hallan sujetos en primer
lugar al principio de legalidad –a la Constitución, a la ley y al derecho-
debiendo aplicar las disposiciones legales; no estando facultados para emplear
el control difuso ni menos para inaplicar una prohibición legal por considerar
discrecionalmente que una bonificación económicamente es más favorable que otra
para un trabajador o pensionista estatal.
BIBLIOGRAFÍA
·
Guzmán
Napurí, Christian, Manual
del procedimiento administrativo general, Pacífico ediciones, Lima, Perú;
2013.
·
Punset, Ramón, Doctrina
Constitucional y órganos judiciales, en Revista
española de derecho constitucional, Año 16, Nro. 46, enero abril de 1996.
·
Tupayachi Sotomayor, Jhonny, (compilador), El precedente constitucional vinculante en
el Perú, 2da. Edición, Adrus Editores, Perú; 2014.
·
www.tc.gob.pe
Arequipa, septiembre de 2014
Nota: Artículo publicado en el libro
de ponencias del “V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional” a
diez años de vigencia del Código Procesal Constitucional, Arequipa – Perú del
30 de octubre al 01 de noviembre de 2014 auspiciado por la Academia de la
Magistratura del Perú, Asociación Peruana de Derecho Constitucional y Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María de
Arequipa; editorial Adrus, Arequipa – Perú, Pg. 441 a 453.
* Doctor en Derecho,
docente de la Escuela de Post Grado de la Universidad Católica de Santa María
de Arequipa.
[1] En
este sentido el artículo IV del T.P. de la Ley Nº 27444 señala que por el principio
de legalidad las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
[3] En
un primer momento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia determinó
que la Administración pública no se encontraba facultada para aplicar control
difuso. Posteriormente, consideró que sí era una atribución de toda la
Administración pública y luego el Tribunal apreció que en aplicación de los
artículos 51 y 38 de la
Constitución , la facultad de aplicar el control difuso era
atribución de la
Administración pública, como se señalaba expresamente en el
precedente vinculante contenido en la STC N.° 3741-2004-AA/TC, publicada el 11 de
octubre del 2006; pero no de toda la Administración pública sino de
determinados órganos colegiados dependientes del Poder Ejecutivo debiendo cumplirse
con determinados requisitos. Sin embargo, mediante precedente vinculante contenido
en la STC Nro. 04293-2012-PA/TC se dejó sin efecto este precedente vinculante;
señalándose que ello no deja sin efecto las obligaciones derivadas de los
artículos 38º, 44º y 51º de la Constitución, tanto para los ciudadanos como
para la Administración pública, en lo que sea pertinente en cada caso concreto
(F.J. 35). En este último precedente el Tribunal remarca que los tribunales
administrativos no son órganos jurisdiccionales ni tampoco forman parte del
Poder Judicial, por lo que no les corresponde ejercer esta importante
atribución.
[4] Es importante
indicar que también se suele hacer mención al concepto de “doctrina
jurisprudencial”. Sobre el particular, para Ramón Punset tal concepto tendría
el siguiente significado en el contexto español: “… Se puede hablar con toda
propiedad de una ‘doctrina jurisprudencial’ del Tribunal Constitucional, en
cuanto éste es supremo intérprete de la Constitución. Tal doctrina jurisprudencial
(aquella que cabe abstraer de su interpretación esencial de la Ley Fundamental en
todo tipo de procesos constitucionales o, si se quiere, de la ratio
decidendi de sus pronunciamientos de fondo), a diferencia de la prevista en
el artículo 40.2 LOTC, no integra el ordenamiento, sino que lo ‘complementa’
(siempre que sea ‘reiterada’), al igual que sucede con la doctrina del Tribunal
Supremo”.(Ramón Punset,
Doctrina Constitucional y órganos
judiciales, en Revista española de
derecho constitucional, Año 16, Nro. 46, enero abril de 1996; Pg. 288).
